Lunes, 13 de mayo de 2013

por Manuel FreytasIAR Noticias – En su planificación de “guerras futuras” el Pentágono extendió la privatización a más áreas de la ocupación militar, y las corporaciones militares privadas ya han comenzado a intercambiar información orientada a fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de competir con mayor posibilidad en el logro de próximos contratos. La trama de un negocio de US$ 100.000 millones al año en manos de los halcones y del lobby de poder que controla la Casa Blanca.

“Los perros de la guerra”, fue una de las primeras novelas exitosas de Frederick Forshyth. En el libro, un veterano mercenario es contratado por un magnate para que dirija un golpe de estado con un ejército privado en un remoto país de Africa, donde había fabulosas riquezas minerales.

Con el advenimiento de la “guerra contraterrorista” y de las invasiones militares “preventivas”, los mercenarios reciclaron su negocio y se convirtieron en exitosos empresarios trasnacionales que brindan servicios de inteligencia y seguridad a los ejecutivos y empresas privadas que se benefician con el botín de la ocupación militar.

Pero, a diferencia de sus hermanos del pasado, los perros de la guerra modernos tienen su principal fuente de ganancia en los suculentos contratos que suscriben con el Pentágono invasor estadounidense en todas las aéreas de despliegue del las tropas norteamericanas.

Con el advenimiento del libre mercado, las privatizaciones y el desmoronamiento de las estructuras de los estados nacionales impulsados por Washington, y montados en la “guerra contraterrorista”, estos engendros comenzaron a sustituir eficazmente a la inteligencia y a los ejércitos cipayos en los países dependientes de Asia, África y América Latina, cuya expresión más acabada se da en Irak, Afganistán y Colombia.

En esas nuevas formas, el estereotipo del “perro de la guerra” -un sujeto de cara ruda y preparado para ganar dinero en combate, identificado principalmente con las guerras africanas- ha sido sustituido por empresas transnacionales que contratan a mercenarios (ex militares de ejércitos regulares y de fuerzas de elite) para realizar tareas de seguridad “antiterrorista”, tanto para privados como para los propios Estados y sus fuerzas armadas.

“Se trata ahora de “contratistas”, un término ambiguo, que identifica tanto a las empresas que contratan, como el antiguo mercenario, o individuo que va a la guerra por una paga”, señalaba ya en 2006 a la cadena BBC, Amanda Benavides, entonces presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios y violación de los derechos humanos.

“Esto no hubiera sido posible en un mundo bipolar”, afirmaba la representante de la ONU. “Es un problema que se ha venido agravando desde el fin de la Guerra Fría, cuando surgió la tendencia a la privatización de los servicios que antes prestaba el Estado”.

En la actualidad la industria de los “ejércitos privados” es un fabuloso negocio capitalista que mueve más de US$ 100.000 millones al año y cuya órbita de decisiones se encuentra en el lobby de negocios que controla la Casa Blanca y el Pentágono.

Con las llamadas “guerras preventivas” iniciadas por los halcones tras el 11-S, no solamente se conquista militarmente sino que también se abren nuevos ciclos de expansión y ganancia capitalista en los nuevos mercados sometidos con el argumento de la “guerra contraterrorista”.

No sólo se dedican al área de la seguridad y la inteligencia, sino que estas empresas también realizan tareas de entrenamiento militar y de programas de interrogatorios (torturas) como quedó claramente demostrado por las investigaciones en las cárceles de Irak.

La conquista militar, a su vez, es la llave de entrada para un descomunal negocio capitalista “multifuncional y diversificado”, donde el Imperio (a través de la “reconstrucción” de lo destruido) moviliza una maquinaria de ganancia financiera, se apodera de recursos naturales (principalmente petróleo), vende armas, tecnología, servicios, y modela hábitos consumistas en la población pudiente del país invadido (clases altas, medias altas) que se integran al negocio de las multinacionales de la música, el espectáculo y la “moda”.

Mientras en Irak, por ejemplo, la invasión militar destruyó las redes sociales solidarias de la comida, la vivienda, el trabajo y la atención médica (que regían durante el régimen de Saddam), las transnacionales desarrollaron un floreciente “mercado segmentado” entre las clases altas y medias altas (profesionales, políticos y empresarios) asociadas a la política de rapiña de la ocupación militar.

Pero en este mercado de “negocios diversificados” posibilitado por los genocidios militares de los halcones, la “estrella naciente” es (así coinciden todos los expertos) el negocio de los “ejércitos privados” que contratan servicios tanto con el ejército invasor como con las empresas privadas asociadas a la ocupación.

Como producto de la “integración bélica” de los nuevos ciclos de ganancias y expansión capitalista trasnacional, las corporaciones privadas de la guerra han pasado a ocupar un lugar clave en los nuevos planes de conquista militar del Pentágono.

Los halcones de la Casa Blanca y los operadores de negocios del lobby armamentista, siempre a tono con “los negocios de la guerra”, observaron la nueva veta comercial que se abría con la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas o bajo influencia del ejército de EEUU.

La privatización del aparato militar, fue impulsada en 1991, después de la Primera Guerra del Golfo, por el entonces ministro de Defensa y luego vicepresidente con la administración de George W. Bush, Dick Cheney.

Bajo la influencia de Cheney y Donald Rumsfeld el gobierno de EEUU comenzó a subcontratar con las corporaciones militares privadas, gran parte de las funciones operativas que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas.

Si bien el Pentágono no reconoce que una parte importante de sus soldados ya son entrenados por expertos y manuales de guerra privados, son muchas las fuentes militares que señalan que la legión de contratistas que inunda los cuarteles y las academias está causando un profundo malestar entre la oficialidad de carrera.

EEUU se ha constituido, junto con el Reino Unido y Sudáfrica, en el centro mundial de la industria privada militar, que debe su crecimiento al nuevo orden internacional lanzado por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética, al que él mismo contribuyó durante su ciclo como vicepresidente de Reagan.

De la carrera armamentista de la Guerra Fría se pasó al desmantelamiento de gran parte de los aparatos militares, tanto en las grandes potencias como en los países dependientes que participaban de las guerras por aéreas de influencia entre EEUU y la URSS.

Militares y políticos del Pentágono y de la Casa Blanca, siempre atentos a “los negocios de la guerra”, descubrieron la nueva veta comercial que se abría con la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas por el ejército de EE.UU.

Obviamente, y según apuntan todos los especialistas, sólo los conglomerados trasnacionales (bancos, petroleras, tecnológicas, armamentistas, ejércitos privados, etc) que integran la órbita “selecta” del lobby de negocios manejado desde la Casa Blanca y el Pentágono tienen acceso a los más jugosos contratos en los países ocupados.

De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300.000 millones de dólares en 3.016 contratos de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen los contratos de armamento).

Los corporativos militares privados (PMC, por sus siglas en inglés) mantienen en secreto sus actividades y carteras de clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de su condición de ejércitos sin fronteras.

Realizan sus actividades en secreto, su cartera de clientes no está regulada por ninguna normativa, las concesiones que realizan no se otorgan por ninguna licitación, no son inspeccionadas por ningún organismo internacional, y violan la Convención Internacional contra el reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios aprobada por la ONU en 1989.

Su única regulación y control proviene del Departamento de Estado manejado por el lobby de negocios de la Casa Blanca y el Pentágono

La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1989, no fue refrendada por EE.UU. desde donde operan la mayoría de estas corporaciones.

Halliburton (protegida por Dick Cheney) es el actor dominante tanto en Irak como en Afganistán, y participa desde los negocios del petróleo y de la “reconstrucción” hasta en funciones de entrenamiento y asesoramiento militar, no sólo para las fuerzas de EE.UU. sino para el nuevo ejército iraquí.

Los consorcios privados ofrecen servicios que van desde el personal de seguridad y el mantenimiento de armamentos hasta la interrogación de prisioneros.

Estas firmas han operado en más de 50 países y han sido contratadas por todo el mundo, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta dictadores y gobiernos de las áreas dependientes del llamado Tercer Mundo .

Según un informe del Pentágono, julio de 2005, las empresas usufructuadoras del proceso de negocios instalado tras la ocupación militar en Irak invierten entre 25 y 30 por ciento de sus ingresos en vehículos acorazados y ejércitos privados para garantizar la seguridad de sus ejecutivos y empleados.

Según el analista militar, Peter Singer, autor del libro “Guerreros Corporativos”, el negocio de los ejércitos privados en el mundo representa “cerca de 100 mil millones de dólares en negocios globales, y operan en unos 50 países.

Su actividad comercial, como cualquier empresa, depende de “la demanda”, principalmente de las guerras de conquista militar lanzadas por EEUU en el planeta de las cuales nacen nuevos y jugosos contratos y oportunidades de expansión comercial.

Según Singer, estos pulpos de la guerra también desarrollan sus negocios expansivos en misiones de pacificación, combates antidroga o cualquier otro rubro internacional donde se requiera sus servicios militares y de seguridad.

En territorio estadounidense existen por lo menos treinta corporaciones transnacionales que se dedican a la prestación de servicios militares y de seguridad privados. Algunas, como es el caso de Blackwater USA, se especializan en contraterrorismo y lucha urbana.

Según la revista norteamericana Monthly Review, “las corporaciones privadas del capitalismo siempre han estado implicadas con la promoción de la guerra, pero su acción directa ha sido tradicionalmente limitada”. Lo preocupante -señala la revista- es si estas multinaccionnnales ingresan a una distorsión capitalista y, atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, deciden ampliar sus lucros aprovechando sus excelentes contactos con los jefes políticos y militares que deciden la guerra.

La “veta de negocios” de los ejércitos privados incluyen servicios de custodia a empresas privadas, operaciones de seguridad, programa de interrogatorios (torturas), espionaje y entrenamientos militares, o ejercitación de escuadrones especiales (de la muerte) que operan en la clandestinidad.

También pueden ser contratados para tareas como recolección de cadáveres, investigación de secuestros, custodia de pozos petroleros, controles fronterizos, protección de importantes directivos, o para cuidar las espaldas de los periodistas y ejecutivos de los consorcios mediáticos que construyen la “información oficial” de la situación en Irak.

En Irak y Afganistán estos consorcios privados de la guerra han desempeñado un papel esencial para el ejército estadounidense, complementando a su personal cuando necesitan refuerzos y haciendo los trabajos “sucios” que los propios militares estadounidenses prefieren no hacer.

Investigaciones realizadas sobre las torturas de prisioneros demostraron que en la prisión de Abu Ghraib los interrogatorios los realizaban contratistas privados utilizando ex integrantes de servicios de inteligencia.

A raíz del escándalo por los abusos a prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, los investigadores estadounidenses concluyeron que contratistas privados estuvieron presentes en más de un tercio de los casos probados.

Irak fue convertido en la meca comercial de los ejércitos privados. Halliburton (en la cual tuvo intereses el autor del plan privatizador, Dick Cheney) a través de sus subsidiarias figura como una de las empresas más favorecidas.

Entre las aproximadamente 40 corporaciones que operan y operaron en Irak se encuentran MPRI, SAIC, Armor Group, Blackwater, Erinys, Vinnell, Global Risk Strategies, TASK, Ariscan y DynCorp, Kroll Security, entre otras.

Una de esas empresas, Titan, un ejército de mercenarios privados, tiene base en San Diego y en su sitio en Internet se describe como “un proveedor líder de productos de información y comunicación, soluciones y servicios para la seguridad nacional”.

Se estima que los 30.000 “perros de la guerra” que operan en Irak, contratados por unas 40 empresas militares privadas, reciben salarios entre mil y 50 mil dólares mensuales, pero, a su vez, individualmente, subcontratan a miles de iraquíes armados para que realicen los trabajos más riesgosos.

Según la publicación Monthly Review estas corporaciones privadas de la guerra “ganan 100 mil millones de dólares al año, es decir, una cuarta parte de la gigantesca suma de los más 430 mil millones de dólares que EE.UU. está invirtiendo en el campo militar”.

La casi totalidad de esa cifra citada por Monthly Review es facturada por los consorcios que operan en la órbita de decisiones del lobby de negocios controlado desde la Casa Blanca y el Pentágono.

Según los expertos, la conversión de la “guerra contraterrorista” de conquista en “industria privada” guió el objetivo central del plan de negocios del lobby conducido por Cheney Rumsfeld durante la administración Bush en la Casa Blanca.

En su planificación de “guerras futuras” el Pentágono proyectó extender la privatización a más áreas de la ocupación militar, y las corporaciones militares privadas comenzaron a intercambiar información orientada a fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de competir con mayor posibilidad en el logro de próximos contratos.

Los ataques y “guerras preventivas” agendadas por el Pentágono, además de sus objetivos geopolíticos-militares, buscan que la “integración del negocio bélico” alcance cada vez a más consorcios privados y que las guerras futuras se conviertan en una empresa privada financiada por el Estado imperial norteamericano.

Manuel Freytas* es periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web. Ver sus trabajos en Google y en IAR Noticias.
[email protected]

Fuente: IAR Noticias


Publicado por NataliaEsVedra @ 17:23
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