La Plutocracia, el control del Estado por el dinero, D.Martos. Dic.2000
Plutocracia: controlar al Estado.
Durante la década 1986/1996 el sistema democrático se extendió con sorprendente velocidad por el
mundo entero. En ese período, el porcentaje de los países considerados democráticos creció de un
42% a un 61% . Hacia fines de la década del '90, 117 países — de un total de 191 — se consideraban
gobernados democráticamente.
Entre esas 117 democracias figuraban los 24 países de Europa Occidental y 31 de los 35 países de
América. En Europa Oriental y la exUnión Soviética había 19 democracias entre 27 países. En la
región asiática y la zona del Pacífico, aproximadamente el 50% de los 52 gobiernos existentes era
democrático. África, con 53 países y sólo 18 democracias ofrecía todavía la excepción a la regla. (1)
Sería realmente ingenuo — por decir lo menos — suponer que este fenómeno obedeció a una especie
de generación espontánea y que, debido a una tan misteriosa como inexplicable convergencia, de
pronto un vasto conjunto de países optó por un determinado sistema de gobierno — abandonando en
muchos casos décadas de tendencias antidemocráticas o, al menos, restringidamente democráticas.
Suponer que la democratización respondió primariamente a los procesos internos de cada país;
sustentar la tesis de que las influencias externas e internacionales jugaron solamente un papel
secundario en el proceso; imaginar una especie de evolución natural hacia el "fin de la Historia" en
dónde la democracia capitalista es la etapa última del desarrollo políticosocial; todo ello podría ser
interesante material de especulación intelectual pero no se condice, en absoluto, con lo que la praxis
política y los datos de la realidad enseñan de un modo palmario. De hecho, lo primero que llama la
atención es que esta súbita expansión de un determinado régimen político coincide, en líneas
generales, bastante bien con la no menos súbita propagación de la globalización y las privatizaciones.
La oleada democrática
Si se toman los 16 años que van de 1974 a 1990, se puede hacer una interesante cronología de la
oleada neoliberal o el "tsunami democrático" como lo llama Paul W. Drake quien ha estudiado el
fenómeno con bastante detalle (2). La oleada comienza en Europa, se extiende por América Latina y
termina en las playas de Rusia, aproximadamente en la siguiente secuencia:
Año Países involucrados
1974 Grecia y Portugal
1976 España
1979 Ecuador
1980 Perú
1982 Honduras y Bolivia
1983 Argentina, Turquía y Granada
1984 El Salvador y Uruguay
1985 Brasil y Guatemala
1986 Filipinas
1987 Corea del Sur
1988 Paquistán
1989 Paraguay, Taiwan, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Panamá, Checoslovaquia,
Bulgaria, Rumania y Albania
1990 Yugoslavia, Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Mongolia, Chile, Nicaragua y Haití
La lista de Drake, por supuesto, no es perfecta y su autor tampoco lo niega. De hecho, si la
democratización de Nicaragua tuvo lugar en 1990 o ya en 1984 con el gobierno sandinista, es algo
sobre lo cual muchas personas todavía discuten. Faltan, además, los países africanos. Aun cuando
entre ellos sólo puedan hoy encontrarse 18 democracias entre 53 países, eso no quiere decir que el
continente africano ha quedado totalmente libre de la presión democratizadora. Así y todo, la tabla da
una muy buena idea de lo que sucedió y obliga a reflexionar seriamente acerca de las causas.
Analizando el proceso en detalle, se descubren muy pronto varias de ellas que, en conjunto, explican
bastante bien lo sucedido.
Causas económicas
Coincidiendo con los procesos de globalización y privatización, existen motivos económicos de peso
que han presionado hacia una paulatina liberalización. Entre las causas económicas más relevantes
pueden señalarse:
Crecimiento: el aumento de la población mundial y la progresiva complejidad de todo el
ámbito económico general — desde las finanzas hasta los métodos de producción y distribución
— generaron sociedades mucho más difíciles de controlar. Los típicos pequeños dictatorzuelos
latinoamericanos, muchas veces sustentados solamente por una oligarquía local económicamente
activa pero numéricamente muy poco significativa, no consiguieron generar alternativas políticas
que permitiesen controlar la nueva situación. Recuérdese, por ejemplo, como en la Argentina
todos los golpes militares terminaron, al final, en una "salida electoral" por la incapacidad de sus
protagonistas para concretar la revolución social y política que, originariamente, los había
justificado.
Tecnología: la dificultad de control se vio aumentada aún más por las posibilidades de las
nuevas formas de comunicación. Empezando por el Fax, pasando por las posibilidades de las
computadoras personales y la Internet, para terminar en el llamado "efecto CNN"; las
posibilidades de "adoctrinamiento" a gran escala y las influencias de la intelliguentsia neoliberal a
nivel internacional aumentaron de un modo casi exponencial. Frente a ello, los regímenes
antiliberales no desarrollaron respuestas adecuadas, ni supieron hacer tampoco un uso efectivo de
las nuevas posibilidades
Crisis económicas: en un mundo en dónde casi siempre lo económico predomina sobre lo
político, es inevitable que las crisis económicas arrastren consigo — al menos hasta cierto punto
— a los regímenes políticos. El descontento generado en la población por los padecimientos que
causa la crisis económica encuentra en el estamento político un chivo emisario bastante apropiado
(y muchas veces merecido). De esta manera, en América Latina las crisis económicas impulsaron
cambios institucionales en los cuales el régimen de turno resultaba suplantado por su versión
opuesta del espectro político: después de la crisis de 1930 se debilitaron los regímenes
democráticos; después de la de 1982 cayeron en desgracia los antidemocráticos. El fenómeno es
observable también a escala mundial: la primer crisis petrolera de 1973/1974 arrastró consigo los
gobiernos de Portugal, Grecia, España, Filipinas, Brasil, Uruguay y Chile; la segunda crisis de
1979 también afectó a varios regímenes.
Deuda externa: La recesión de 1981 disparó, adicionalmente, el agravamiento de las deudas
externas. Cuando los EE.UU. decidieron implementar políticas antiinflacionarias e hicieron subir
las tasas de interés, los países endeudados quedaron prácticamente a merced de sus acreedores.
Esto significó el descrédito político en los gobiernos que habían contraído las deudas; provocó el
descontento generalizado de vastos sectores sociales, incluyendo a las clases medias; descolocó a
los políticos diletantes, civiles y militares, cuyos discursos se agotaban en frases hechas y
promesas demagógicas, sin proyectos políticos concretos y viables; y, finalmente, expuso en toda
su crudeza la magnitud de los problemas políticos de fondo para los cuales la izquierda utópica se
quedó sin respuestas convincentes. Esto generó una degradación del discurso político llevándolo
al terreno de lo material, lo inmediato y lo pedestre. En la Argentina basta con recordar cómo en
1983 Raul Alfonsín ganó una elección reiterando hasta el cansancio aquello de "con la
democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se vive" para darse cuenta de
hasta qué nivel de cuestiones elementales llegó a caer la discusión política.
Globalización: El efecto general que este proceso tuvo sobre los Estados ya ha sido indicado en
capítulos anteriores. Baste con señalar aquí que la soberanía política se convirtió en ahuyentadora
de inversiones. En un entorno internacional fuertemente endeudado y con capitales que podían
elegir libremente su destino, resultó obvio que los grandes inversores elegirían regímenes que no
tuvieran el estricto control del capital en sus agendas. Este requisito fue fuertemente apoyado — y
hasta exigido — por poderosas instituciones financieras tales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU.
El nuevo Imperio
Pero las fuerzas que impulsaron la oleada liberal no se agotaron en lo económico. Durante los últimos
30 o 40 años, toda una serie de tendencias estratégicas, geopolíticas e ideológicas ha estado apuntando
en forma sistemática hacia un universalismo progresivo, vagamente indicado por los neologismo
genéricos de "unmundismo" y "globalización". Durante la segunda mitad del Siglo XX todos los
mayores actores de la política internacional evolucionaron — bien que quizás con diferentes
motivaciones — hacia este objetivo. Tanto los Estados Unidos como Europa, la Unión Soviética y
hasta el Vaticano coincidieron en aceptar en principio alguna u otra forma de "globalización". Dentro
de este esquema, el sistema democrático resultó ser — por lejos — el más flexible, el más moldeable
y, en una palabra, el más viable a escala universal. Debido a que era — también por lejos — el mejor
financiado y el militarmente mejor equipado, el proceso desembocó por último en el nuevo
"imperium" de la democracia liberal como régimen político universal, requerido y exigido por la
voluntad hegemónica norteamericana.
Hay varias causas concurrentes que justifican esta interpretación:
"Occidentoxicación": Es innegable que la oleada democrática afectó primero y principalmente
a los países más cercanos a lo que en forma genérica se ha dado en llamar "Mundo Occidental".
La democratización ha tenido bastante menos éxito e intensidad en Asia, África y Medio Oriente
que en el resto del mundo en dónde — principalmente en los países islámicos — hay una
resistencia mucho mayor a dejar que se "intoxiquen" con prácticas occidentales ciertos valores de
una cultura tradicional de contenidos fuertemente diferentes. En estos países ha sido posible cierto
grado de occidentalización alrededor de productos de consumo masivo como Coca Cola,
McDonald's, el rock and roll y hasta la CNN. Pero la democracia liberal no figura en el Corán, ni
en los ritos tradicionales africanos, ni en la interpretación china del socialismo y su influencia es
percibida en muchos lugares más como una "occidentoxicación" que como una propuesta
aceptable y viable. El radio de influencia de los principios jurídicos y filosóficos de la democracia
liberal ha quedado, pues, bastante limitado al ámbito de influencia norteamericano y de sus socios
europeos lo cual indica que su centro de irradiación debe buscarse en esta zona.
Política exterior norteamericana: Efectivamente, EE.UU. mandó señales muy concretas de
que la política exterior norteamericana postguerra fría se orientaba a la democratización en forma
irreversible. En realidad, seamos sinceros: nunca hubo golpes de Estado de real envergadura en
América Latina que no contaran con el "placet" del Departamento de Estado y lo que la política
exterior norteamericana estaba diciendo ahora es que los días del apoyo a gobiernos no
democráticos, en aras de su anticomunismo, había pasado para siempre. El comunismo había
fenecido como enemigo y Washington se encargó de hacerlo saber de múltiples maneras: a través
de sus embajadas y anuncios oficiales; mediante la promoción de los intelectuales comprometidos
ideológicamente con la democracia y la economía de mercado; mediante la canalización de sus
programas de asistencia y ayuda exclusivamente a entidades alineadas con la nueva tendencia;
mediante ayuda técnica directa proveniente de la National Foundation for Democracy establecida
en 1984; por medio de financiaciones ofrecidas por el Center for Electoral Promotion and
Assistance el cual, operando desde Costa Rica, contribuyó por ejemplo a perfeccionar el registro
de votantes para las elecciones de 1988 en Chile; a través de comités enviados expresamente para
supervisar y controlar las elecciones en diferentes países como sucedió en Perú; mediante el envío
de consultores experimentados para diseñar, campañas políticas, como los tuvo más de un político
argentino; mediante presiones económicas, amenazas de retirar ayuda militar y hasta
intervenciones militares directas como, por ejemplo, las de Granada, Panamá y Haití
Derechos humanos: Los EE.UU. decidieron utilizar este instrumento en su arsenal de política
exterior ya bajo la administración de Jimmy Carter. En 1977, un año después de que Carter fue
elegido presidente, el Departamento de Estado comenzó a publicar la evaluación norteamericana
de la situación de los Derechos Humanos en los distintos países del mundo y a los funcionarios
del gobierno americano se les dio la instrucción de tomar dicho informe en cuenta a la hora de
definir las políticas de ayuda militar. Durante algún tiempo Ronald Reagan se apartó de esta
política pero se vio obligado a retomarla, en parte para darle un justificativo ideológico a sus
intervenciones en Centroamérica, pero fundamentalmente porque los factores de Poder en su
propio frente interno se lo demandaban impulsando un acuerdo entre Demócratas y Republicanos
en torno al uso de esta doctrina como política de Estado en materia de relaciones exteriores.
Consecuentemente, ni Bush (p), ni Clinton pudieron ya dejar de "alinearse" con lo que se les
exigía.
El colapso soviético: la desaparición de la URSS significó el ocaso de un importante punto de
referencia y soporte para la izquierda revolucionaria y, también, el desvanecimiento del
archienemigo tradicional de los EE.UU. Pero, además de eso, el proceso de democratización
implicó para el marxismo sobreviviente en América Latina la desaparición de su también clásico
archienemigo encarnado en los diferentes gobiernos militares. En muy poco tiempo, no solamente
los norteamericanos se quedaron sin enemigo; también sus otrora enemigos se quedaron sin sus
antagonistas locales más conspicuos. El modelo marxista cubano, reducido a sus propias fuerzas,
perdió credibilidad. Esto dejó a los partidos comunistas, marxistas, trotzquistas o socialistas
dogmáticos locales sin un proyecto estratégicamente viable y, como consecuencia de ello, liberó a
los EE.UU. de sus compromisos con gobiernos cuya misión principal había sido mantener bajo
control a un socialismo cuya presencia en el "back yard" (3) norteamericano no entraba dentro de
la estrategia prevista para el continente. Consecuentemente, los EE.UU. optaron por promover
gobiernos democráticos, ideológicamente más afines y económicamente más comprometidos con
el proyecto globalizador.
Todos estos factores en conjunto, apoyándose entre si y complementados por otros de menor peso, han
terminado constituyendo el mosaico de las democracias actuales. En último análisis, queda bastante
claro que la actual democracia no es sino un régimen de gobierno exigido por el Imperio
Norteamericano para garantizar la gobernabilidad y el control de su área de influencia.
Causas ideológicas
Pero los factores económicos e imperiales no agotan las causas de la rápida expansión de la
democracia como régimen uniforme para Occidente. Como cabe esperar en todo proceso político,
también en éste se puede detectar un importante andamiaje filosófico, doctrinario e ideológico ya que,
como indicaba Gramsci, la revolución cultural generalmente precede a la revolución política.
Liberalismo Los ejemplos de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña
:
ejercieron una poderosa influencia sobre América Latina; especialmente después de la Guerra de
Malvinas de 1982 en dónde quedó meridianamente claro que el Imperio no toleraría ninguna
desviación importante de las pautas fijadas para sus integrantes menores. Paralelamente a esa
demostración de fuerza, todos los medios de difusión occidentales fueron instrumentales para una
gran ofensiva intelectual orientada a difundir la doctrina neoliberal apoyada en su mayor parte
sobre los dos grandes pilares de democracia y economía de mercado. La derecha burguesa
latinoamericana, liberada del fantasma del comunismo, aceptó rápidamente la idea. La izquierda
partidocrática, desprovista de otras alternativas viables, la aceptó también. Ya sea porque
Malvinas había demostrado que toda resistencia sería inútil; ya sea porque se vio que se podía
aprovechar la oportunidad para deshacerse de las Fuerzas Armadas como factor de Poder; ya sea
porque se creía sinceramente en los postulados del liberalismo clásico; el hecho es que apareció de
pronto todo un conjunto de políticos latinoamericanos dispuestos a aceptar las nuevas reglas de
juego: León Febres Cordero en Ecuador; Fernando Collor de Melo en Brasil; Alfredo Cristiani en
El Salvador; Mario Vargas Llosa en el Perú; Raúl Alfonsin y Carlos Menem en la Argentina; para
citar sólo a algunos. Por supuesto, pueden observarse matices y hasta evoluciones políticas que no
dejan de ser curiosas. En la Argentina, por ejemplo, Raul Alfonsin — viniendo de un partido de
fuerte composición de clase media — se inclinó más hacia una versión socialdemócrata del
liberalismo mientras que Carlos Menem — perteneciente a un partido de fuertes raíces proletarias
— terminó optando por la economía de mercado y la privatización del Estado. Pero, ya sea que se
tratase del liberalismo político clásico enfocado en la democracia, o del neoliberalismo económico
enfocado en los mercados internacionales, el hecho concreto es que todo el espectro político
quedó determinado y delimitado por los postulados liberales adoptados en las centrales del Poder
internacional y difundidos luego como la doctrina oficial del Imperio.
Universalización jurídica: La imposición de la doctrina de los Derechos Humanos como
patrón para medir la conducta de los Estados ha significado, en realidad, la posibilidad de hacer
judiciable ante instancias transnacionales las decisiones políticas de un Estadonación. Se ha
conseguido así instrumentar la intención manifiesta de impedir que actos considerados
inaceptables por la ideología vigente puedan ampararse en el principio de la soberanía nacional.
Los gobiernos no alineados con el liberalismo imperial han quedado bajo el escrutinio, bajo la
acusación y hasta bajo la posibilidad de ser investigados y castigados por parte de organismos
internacionales. Esta tendencia, haciendo palanca en valores éticos y morales que ciertamente
cuentan con un gran consenso universal (4), ha desviado, sin embargo, la cuestión al terreno
estrictamente político en dónde lo que realmente está en juego no es tanto la humanidad o
inhumanidad de un régimen sino su grado de adecuación a una serie de postulados que, bien
mirados, son mucho más políticos y económicos que morales. Sujetar compulsivamente la
administración de la Justicia a una serie de procedimientos que tienen mucho que ver con el
individualismo liberal y con la clásica división de Poderes propuesta por el modelo de
Montesquieu, pero que tienen bastante escasa relación con la verdadera calidad de la justicia
suministrada, no es más que utilizar argumentos éticos válidos para lograr objetivos políticos que
siempre son, como mínimo, opinables. De hecho, en muchos países, la terca y a veces hasta
obcecada adhesión a doctrinas cerradamente individualistas — que conciben al individuo como
más importante que la sociedad y elevan, así, a la parte por encima del todo — ha llevado a un
"garantismo" jurídico que protege más a los delincuentes que a las personas honradas.
Paralelamente, en el plano internacional, la imposición de estos criterios políticos ha permitido al
Poder imperial central juzgar los actos de gobierno de las periferias y mantener las estructuras
judiciales dentro de un margen de parámetros preestablecidos. Es sorprendente constatar como
muy pocos parecen haberse dado cuenta todavía de que el hiperindividualismo judicial exagera la
importancia no sólo de las personas físicas sino, también, la de las personas jurídicas; es decir: las
empresas.
Religión: forzando muy poco los argumentos se podría construir bastante fácilmente una
batería de argumentos para sustentar la tesis de que la democracia actual no es, en realidad, sino
un artículo de exportación del Occidente cristiano. De hecho, el proceso de liberalización dentro
de la Iglesia Católica ha sido marcado y visible — al menos desde el Concilio Vaticano II de
1963/1965 — el cual, durante al menos un tiempo, produjo hasta un marcado desplazamiento
hacia la izquierda de gran parte del clero latinoamericano, sobre todo después del Segundo
Congreso de Obispos Latinoamericanos en Medellín que tuvo lugar tres años más tarde, en 1968.
Por otra parte, está históricamente demostrado el compromiso ideológico del protestantismo en
general con el individualismo, el capitalismo y el liberalismo. Sería, con todo, exagerado sostener
una filiación demasiado estrecha y directa entre cristianismo y democracia liberal. Pero, muchas
veces en política lo que interesa no es tanto lo que objetivamente revela el análisis sino la
interpretación que las personas de carne y hueso hacen — correcta o incorrectamente — de lo que
perciben. Desde la óptica del mundo islámico, desde la visión del animismo africano, desde una
postura budista o brahmánica, la conclusión ha sido muchas veces muy diferente. Lo cual suscita
la cuestión, que bien valdría la pena investigar a fondo, de hasta qué punto la actual
ecumenización política ha sido tan rápida, entre otras cosas también porque se condice bastante
bien con una vocación igualmente ecuménica de las Iglesias cristianas.
La ponderación conjunta de los factores señalados debería bastar para probar la tesis de que no es
posible considerar a la generalización de la democracia como un fenómeno concurrente que se ha
producido de manera espontánea en los diferentes países afectados. Que la democracia ha sido, de
pronto, aceptada en todo el mundo por ser "un mal sistema pero el menos malo de todos los sistemas"
es básicamente sólo retórica. Los datos demuestran que no es el producto de una convergencia de la
voluntad soberana de los pueblos. En último análisis este sistema de gobierno se sostiene en la
actualidad fundamentalmente por dos razones: (A) porque es exigido como norma de aceptación por
parte del Poder hegemónico imperante y (B) porque este mismo Poder desacredita, en forma
sistemática y con un poderoso arsenal de medios, cualquier otra orientación política, en cualquier otra
parte del mundo, produciendo así — por la falta de una respuesta con propuestas prácticamente
viables — una claudicación intelectual que lleva a las personas a aceptarlo como inevitable. En otras
palabras: no es que sea el menos malo de todos los sistemas; es — dado el tremendo Poder que lo
avala e impone — el único sistema prácticamente posible para la enorme mayoría de los políticos.
La plutocracia detrás de la democracia
Para completar el análisis es preciso responder a la pregunta de por qué hay tanto Poder en el mundo
promoviendo la imposición de un determinado régimen de gobierno. Poniendo la cuestión en otras
palabras: ¿qué relación hay realmente entre los fenómenos de la globalización, las privatizaciones y la
democracia? ¿Qué denominador común, explica a la democracia liberal como una herramienta
política de la globalización? La respuesta que se desprende de los datos concretos disponibles es tan
simple como directa: el dinero.
La democracia liberal es un sistema muy caro. En 1996, la Comisión Electoral de Australia calculó
que las elecciones federales le habían costado 4,75 dólares australianos a cada uno de los 11.655.190
votantes lo cual, con una multiplicación muy simple, nos arroja una cifra superior a los 55 millones.
En entornos reducidos la proporción por habitante parece ser aún más onerosa: en las elecciones de
Dominica del año anterior, la elección en la que intervinieron 37.187 votantes costó cerca de U$S
376.000; o sea: un promedio general de aproximadamente U$S 10,11 por votante (5). En general,
costos directos de entre 4 a 10 dólares por votante, pueden considerarse normales en cualquier
régimen democrático. Para la Argentina, con un padrón electoral de aproximadamente 20 millones de
personas y estimando solamente $7 por votante, se llega con facilidad a los 140 millones por elección.
Quien tiene ese dinero, participa; quien no lo tiene, queda afuera del sistema.
El hecho es que los propios partidarios del régimen reconocen abiertamente su dependencia del
dinero y el hecho ya ha suscitado varios y enconados debates acerca de la mejor forma de dominar
esta situación. Varios países están buscando implementar alguna ley de financiación política que
permita, de algún modo, regular los importantes flujos de fondos que van de las grandes
corporaciones a las arcas de los partidos políticos (6).En el imaginario popular, muchas veces las
falencias del régimen se atribuyen solamente a los países recientemente democratizados. Se cree
popularmente que los escandaletes y las corruptelas del ámbito político son poropios de los países
atrasados y, ante las constantes crisis del sistema en el ámbito local, un sinnúmero de personas se
pregunta: ¿pero, por qué el sistema funciona en los Estados Unidos? La pura verdad es que el sistema
político no funciona ni siquiera en los Estados Unidos y ya sería hora de terminar con ese mito.
En la propia cuna del Imperio — desde hace ya varios años — se vienen escuchando voces cada vez
más insistentes denunciando el carácter plutocrático de la democracia liberal. Por ejemplo, Marty
Jezer, quien en los EE.UU. es miembro fundador del Working Group on Electoral Democracy y que
ha estado promoviendo enérgicamente una intensa campaña al respecto, lo dice con todas las letras:
"El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político. El dinero determina qué
candidatos estarán en condiciones de impulsar campañas efectivas e influencia cuales candidatos
ganarán los puestos electivos. El dinero también determina los parámetros del debate público: qué
cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación.
El dinero permite que ricos y poderosos grupos de interés influencien las elecciones y dominen el
proceso legislativo." (7)
En la financiación de la partidocracia de los EE.UU. hay una distinción relativamente importante en
cuanto al tipo de dinero utilizado. En la jerga política norteamericana se habla de "hard money"
(dinero duro) y de "soft money" (dinero blando). Por dinero "duro" se entienden los fondos
provenientes de contribuciones reguladas por la Ley Federal de Campañas Electorales (Federal
Election Campaign Act) que establece límites a las contribuciones que pueden hacer los individuos,
los partidos políticos y los Comités de Acción Política (Political Action Comitees o PACs), que son
organizaciones formadas específicamente para recaudar fondos destinados a las campañas. Las
corporaciones y los sindicatos no pueden hacer contribuciones directas a los candidatos pero pueden
constituir Comités que recaudan contribuciones de sus empleados o asociados. Si bien lo que un
Comité de Acción Política puede darle a un candidato de un modo directo está limitado a U$S 5.000
por elección, estos Comités pueden gastar una cantidad ilimitada de dinero en aportes que no van
directamente al candidato pero se invierten en campañas que abogan en pro — o en contra — de
determinados candidatos.
Por otro lado, el "dinero blando" proviene de contribuciones que no están reguladas por la
mencionada ley. No hay límite para las contribuciones que cualquier institución puede hacer al Comité
Nacional de un partido político. Si bien, teóricamente, este dinero no puede ser empleado para inducir
a la ciudadanía a votar en favor de — o en contra de — determinado candidato, los partidos políticos
eluden de un modo muy sencillo esta restricción con promociones publicitarias que evitan
cuidadosamente palabras tales como "vote a..." o "no vote por...".
Finalmente, hay una categoría adicional de dinero político masivo que es aportado por instituciones
tales como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, o la AFLCIO, y que se gasta en publicidad
específica sobre temas puntuales. Se incurre en la ficción de suponer que estas campañas no
promueven directamente una determinada candidatura pero es obvio que cualquier político, con tan
sólo posicionar su discurso en línea con el tema publicitado, se beneficia directamente de la
promoción.
En general, se sostiene que el "dinero duro" es el dinero "bueno" mientras que el "blando" es el dinero
"malo" pero esta distinción es poco menos que bizantina. Lo único cierto es que los aportes en dinero
"duro" superan ampliamente a los efectuados en dinero "blando". En la campaña electoral de 1996, el
83.20% de los fondos de campaña se constituyó con dinero "duro" mientras que en la del 2000 la
proporción se mantuvo casi en el mimo nivel con un 81.20% (8). Además, las mojigaterías juridicistas,
que pretenden calificar los aportes en "buenos" y en "malos" según su categorización legal, pierden
todo sustento posible cuando se comprueba que ambas clases de dinero provienen, en realidad, de las
mismas fuentes.
El punto crítico es que las elecciones norteamericanas son progresivamente más caras. Mientras el
ciclo electoral de 1996 le costó a los políticos norteamericanos entre 1.500 a 2.200 millones de
dólares, se estima que el ciclo del 2000 insumió unos 3.000 millones por todo concepto. Hacia fines
de Junio del 2000, entre los candidatos presidenciales, los del senado, los de la cámara baja y los
comités partidarios nacionales ya se habían recolectado más de U$S 1.600 millones, es decir: unos
400 millones más de los que, para la misma época del calendario electoral, se habían acumulado en
1966.
Para la fecha arriba mencionada, el Senado norteamericano ya disponía de unos 366,6 millones de
dólares. Los candidatos al Senado de los EE.UU. habían juntado U$S 259.7 millones; el Comité
Senatorial Republicano y el Comité Senatorial Demócrata habían conseguido unos U$S 55.5 millones
adicionales y a todo ello hay que agregar los U$S 51.4 millones aportados en dinero "blando" por los
comités partidarios del Senado. La Cámara Baja, a su vez, disponía de más dinero aún: 393 millones
de dólares recaudados por los propios candidatos, 80.5 millones provenientes de los Comités de
Campaña del Congreso y 62.9 millones de dinero "blando" de los comités partidarios; es decir: 536.4
millones en total.
La gran pregunta es: ¿de dónde sale todo este dinero?
El sistema plutocrático norteamericano
Para entender cómo funciona la plutocracia norteamericana hay que prestar atención a un dato que
aparece en forma consistente y reiterada en todos los análisis: el número de norteamericanos que
espontáneamente contribuye al financiamiento de las campañas es muy reducido. Una investigación
realizada a propósito de las elecciones legislativas de 1992 arrojó como resultado que menos del 1%
de la población provee el 77% del dinero que usan los candidatos. En 1994, solamente el 20% del
dinero recaudado por los candidatos al Congreso norteamericano provino de personas que,
individualmente, aportaron menos de U$S 200 cada uno. Durante el ciclo electoral del 2000 tanto
George Bush (h) como Al Gore recibieron la mayoría sustancial de los aportes individuales de
personas cuyos ingresos superaban los U$S 100.000 anuales. Los datos disponibles revelan que el
80% de los donantes que aportaron U$S 200, o más, tenía ese nivel de ingresos (9). Sólo el 5% tenía
ingresos anuales de U$S 50.000 o menos. Nueve de cada diez eran blancos . Para tener un parámetro
de referencia, debe saberse que en los EE.UU. sólo el 12% de las familias tiene un ingreso igual o
mayor de U$S 100.000 al año, mientras que un 60% percibe U$S 50,000 o menos, siendo que las
personas de color representan el 29% de la población (10) .
El grueso de la financiación política norteamericana proviene de las grandes "donaciones" y de los
Comités de Acción Política. Si se analiza la procedencia del dinero invertido en campañas electorales
por los 535 diputados y senadores norteamericanos, se llega a la conclusión de que un 37% proviene
de grandes donaciones; otro 32% es aportado por los citados comités, un 20% proviene de pequeños
aportes, un 5% es dinero invertido por los propios candidatos y el 6% restante es indeterminable. Si se
suman los porcentajes, queda claro que entre grandes donantes, dinero recolectado por los comités y
dinero invertido por los mismos candidatos, se llega al 74% del costo de una campaña — con lo que el
aporte del pequeño ciudadano no llega a ser determinante de ningún modo.
Esta conclusión se confirma, además, analizando la procedencia geográfica del dinero. En las
campañas de 1994, alrededor del 50% de las contribuciones aportadas por los Comités de Acción
Política provino de Washington DC dónde los lobbies y las cámaras de comercio tienen sus oficinas.
El dinero que normalmente se recauda en esta zona representa unas diez veces la cantidad que se
colecta en las 19 principales ciudades norteamericanas, incluyendo Nueva York, Chicago, Atlanta y
Los Ángeles.
Si se analiza la composición y las relaciones de los comités, también se confirma — una vez más —
la importancia determinante de los aportes corporativos. En 1994 los Comités de Acción Política
asociados o cercanos al sindicalismo norteamericano aportaron unos U$S 42,4 millones mientras que
los comités asociados o cercanos a las grandes empresas contribuyeron con U$S 130,2 millones; es
decir: más del triple de dicha cantidad. Todos los demás comités, relacionados con grupos de interés
sobre cuestiones puntuales y con la totalidad del espectro ideológico sólo llegaron a recolectar U$S
16,3 millones. En otras palabras: las grandes empresas aportan a la política norteamericana
prácticamente más del doble de dinero que todos los demás juntos. En la elección del 2000, el 68%
del dinero proveniente de los Comités de Acción política respondió a empresas comerciales; el 21%
provino de fuentes sindicales y sólo el 11% de grupos ideológicos y otras fuentes.
Hay, además, otra particularidad interesante en el sistema norteamericano: varios candidatos arriesgan
su propio dinero en la financiación de su campaña. Cerca del 12% del total de dinero "duro" invertido
durante los primeros 18 meses de la campaña del 2000 provino de esta fuente. Quizás el caso más
notorio sea el del demócrata Jon Corzine — ex empleado de la financiera Goldman Sachs — que
apostó nada menos que 42.4 millones de dólares a su propia candidatura a senador por el estado de
New Jersey. Realmente, no hay que ser muy suspicaz para suponer que nadie pondría más de 40
millones de dólares de su propio bolsillo en una candidatura por puro fervor patriótico y sin esperar
nada a cambio. Un aporte de esa magnitud no es un aporte desinteresado a la política; es una
inversión.
Y lo es también, no menos obviamente, para las grandes empresas. Es notorio como aquellas que
tienen intereses especiales en determinadas cuestiones legislativas aportaron gruesas sumas de dinero
en la campaña. La siguiente tabla refleja los aportes — declarados — de seis grandes ramas de la
industria norteamericana, según los datos oficiales de Comisión Federal Electoral (Federal Election
Commission) norteamericana, al 1 de Octubre del 2000. (11)
Automotriz Electrónica Petroleras Laboratorios Financiera TV y
s Medios
Contribucion
es 5.499.495 9.959.552 6.903.799 3.272.538 30.199.757 10.285.511
Individuales
Comités de
Acción 3.622.650 1.553.957 4.740.887 3.799.990 4.099.314 2.561.687
Política
Dinero
2.991.732 12.417.372 11.205.140 10.303.283 23.483.360 12.055.901
"blando"
TOTAL 12.113.877 23.930.881 22.849.826 17.375.811 57.782.431 24.903.099
Aportado a
los 17% 51% 20% 32% 40% 60%
demócratas
Aportado a
82% 58% 79% 68% 59% 40%
republicanos
Dinero y chances de éxito
Todos estos datos permiten afirmar con bastante fundamento que los puestos políticos de la
democracia neoliberal no son sino cargos formales que, en última instancia, deben responder y rendir
cuentas al poder real del dinero que paga los gastos del acceso al Estado y a la política.
Por supuesto, no es posible caer en la reducción infantil de creer que el dinero de las centrales de
Poder financieras, industriales y comerciales directamente puede "comprar" los votos de una elección
(12). Pero hay una relación directa entre dinero invertido y chances de éxito, ya que en una apabullante
mayoría de casos es posible constatar que los ganadores de una elección han invertido más dinero en
su campaña que los perdedores.
Ya en 1994, en las cuestiones controvertidas de la cámara baja norteamericana, los ganadores habían
gastado U$S 516.000 en promoción y publicidad frente a U$S 238.000 de los perdedores. No es
ningún milagro, pues, que las tan universalmente utilizadas encuestas hayan reflejado luego más el
resultado de esta presión publicitaria que la verdadera opinión independiente de las personas.
Pero, probablemente, el caso más interesante de esta relación casi directa entre dinero recaudado y
chances de éxito lo constituyan las elecciones presidenciales del 2000. Esta elección es interesante
precisamente porque casi salió mal. La lógica del sistema plutocrático establece que debe ganar quien
más dinero maneja. Y, en este sentido, el empate técnico entre Bush y Gore seguramente no entró en
los cálculos del establishment norteamericano. Es muy difícil, a esta temprana altura del desarrollo
histórico, hacer un análisis serio y exhaustivo de lo que sucedió en realidad. En una primera
aproximación, quizás una conclusión posible podría ser que el sistema no está preparado para la
indiferencia y no sabe muy bien como manejar el desinterés de amplias capas de la población. En una
sociedad como la norteamericana del 2000, con una situación económica razonablemente holgada en
términos estadísticos y con un discurso político insulso, aburrido y reiterativo, es muy posible que ya
no se puedan captar votos y voluntades con dinero publicitario, por más sumas que se inyecten en la
campaña. Otra explicación, acaso complementaria y concurrente, podría ser también que — como lo
demuestra el caso soviético — el adoctrinamiento masivo a través de los medios de difusión y de
educación tiene serios límites en el largo plazo. Es muy posible que la tesis básica de George Orwell
contenga, en el fondo, graves errores de concepto desde el momento en que — por un proceso
psicológico elemental — la saturación produce insensibilidad y no siempre lo implantado en el
subconciente actúa con el automatismo esperado. Esto último ha quedado demostrado aun para las
técnicas de "lavado de cerebro" practicadas en forma individual, según la experiencia de los
prisioneros de guerra norteamericanos en la Guerra de Corea. (13) Sea como fuere, lo concreto es que
en las elecciones del 2000 los norteamericanos votaron más por hábito, interés, adhesión personal o
simpatías irracionales que por las presiones de la maquinaria electoral. El resultado fue un empate
técnico, que nadie esperaba, y que se contradice con las reglas y previsiones del sistema que le
garantizan la victoria al mejor financiado.
El hecho es que, según estas reglas y previsiones, Bush tenía que ganar. Y tenía que hacerlo por la
sencillísima razón de que los republicanos comprometieron mucho más dinero en su campaña que los
demócratas. Tanto Gore como Bush recaudadon enormes sumas de dinero ya desde antes del
comienzo de las elecciones primarias. Ambos reclutaron voluntarios (Bush los llamó "pioneros") con
la misión de conseguir por lo menos U$S 100.000 cada uno. Pero ya en esas primarias, con U$S 98
millones aportados por donaciones individuales y U$S 2.2 millones provenientes de Comités de
Acción Política, Bush aventajaba a Gore en una relación de más de 2 a 1.
La tabla de los aportes al 1° de Octubre del 2000, expuesta más arriba, aun cuando refleja solamente
un aspecto parcial del total real, revela bastante bien las ventajas financieras de Bush sobre Gore. Si se
promedian los porcentajes, se observará que el 64% del dinero corporativo fue a las arcas de Bush y
sólo el 36% restante a las de Gore. Con la sola excepción de la TV y los medios masivos de difusión,
que apoyaron más a Gore, tanto las empresas de la industria automotriz, como las electrónicas, las
petroleras, los laboratorios y hasta las financieras apostaron su dinero a la candidatura de Bush y los
republicanos. Con un apoyo así, Bush sencillamente no pod
Durante la década 1986/1996 el sistema democrático se extendió con sorprendente velocidad por el
mundo entero. En ese período, el porcentaje de los países considerados democráticos creció de un
42% a un 61% . Hacia fines de la década del '90, 117 países — de un total de 191 — se consideraban
gobernados democráticamente.
Entre esas 117 democracias figuraban los 24 países de Europa Occidental y 31 de los 35 países de
América. En Europa Oriental y la exUnión Soviética había 19 democracias entre 27 países. En la
región asiática y la zona del Pacífico, aproximadamente el 50% de los 52 gobiernos existentes era
democrático. África, con 53 países y sólo 18 democracias ofrecía todavía la excepción a la regla. (1)
Sería realmente ingenuo — por decir lo menos — suponer que este fenómeno obedeció a una especie
de generación espontánea y que, debido a una tan misteriosa como inexplicable convergencia, de
pronto un vasto conjunto de países optó por un determinado sistema de gobierno — abandonando en
muchos casos décadas de tendencias antidemocráticas o, al menos, restringidamente democráticas.
Suponer que la democratización respondió primariamente a los procesos internos de cada país;
sustentar la tesis de que las influencias externas e internacionales jugaron solamente un papel
secundario en el proceso; imaginar una especie de evolución natural hacia el "fin de la Historia" en
dónde la democracia capitalista es la etapa última del desarrollo políticosocial; todo ello podría ser
interesante material de especulación intelectual pero no se condice, en absoluto, con lo que la praxis
política y los datos de la realidad enseñan de un modo palmario. De hecho, lo primero que llama la
atención es que esta súbita expansión de un determinado régimen político coincide, en líneas
generales, bastante bien con la no menos súbita propagación de la globalización y las privatizaciones.
La oleada democrática
Si se toman los 16 años que van de 1974 a 1990, se puede hacer una interesante cronología de la
oleada neoliberal o el "tsunami democrático" como lo llama Paul W. Drake quien ha estudiado el
fenómeno con bastante detalle (2). La oleada comienza en Europa, se extiende por América Latina y
termina en las playas de Rusia, aproximadamente en la siguiente secuencia:
Año Países involucrados
1974 Grecia y Portugal
1976 España
1979 Ecuador
1980 Perú
1982 Honduras y Bolivia
1983 Argentina, Turquía y Granada
1984 El Salvador y Uruguay
1985 Brasil y Guatemala
1986 Filipinas
1987 Corea del Sur
1988 Paquistán
1989 Paraguay, Taiwan, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Panamá, Checoslovaquia,
Bulgaria, Rumania y Albania
1990 Yugoslavia, Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Mongolia, Chile, Nicaragua y Haití
La lista de Drake, por supuesto, no es perfecta y su autor tampoco lo niega. De hecho, si la
democratización de Nicaragua tuvo lugar en 1990 o ya en 1984 con el gobierno sandinista, es algo
sobre lo cual muchas personas todavía discuten. Faltan, además, los países africanos. Aun cuando
entre ellos sólo puedan hoy encontrarse 18 democracias entre 53 países, eso no quiere decir que el
continente africano ha quedado totalmente libre de la presión democratizadora. Así y todo, la tabla da
una muy buena idea de lo que sucedió y obliga a reflexionar seriamente acerca de las causas.
Analizando el proceso en detalle, se descubren muy pronto varias de ellas que, en conjunto, explican
bastante bien lo sucedido.
Causas económicas
Coincidiendo con los procesos de globalización y privatización, existen motivos económicos de peso
que han presionado hacia una paulatina liberalización. Entre las causas económicas más relevantes
pueden señalarse:
Crecimiento: el aumento de la población mundial y la progresiva complejidad de todo el
ámbito económico general — desde las finanzas hasta los métodos de producción y distribución
— generaron sociedades mucho más difíciles de controlar. Los típicos pequeños dictatorzuelos
latinoamericanos, muchas veces sustentados solamente por una oligarquía local económicamente
activa pero numéricamente muy poco significativa, no consiguieron generar alternativas políticas
que permitiesen controlar la nueva situación. Recuérdese, por ejemplo, como en la Argentina
todos los golpes militares terminaron, al final, en una "salida electoral" por la incapacidad de sus
protagonistas para concretar la revolución social y política que, originariamente, los había
justificado.
Tecnología: la dificultad de control se vio aumentada aún más por las posibilidades de las
nuevas formas de comunicación. Empezando por el Fax, pasando por las posibilidades de las
computadoras personales y la Internet, para terminar en el llamado "efecto CNN"; las
posibilidades de "adoctrinamiento" a gran escala y las influencias de la intelliguentsia neoliberal a
nivel internacional aumentaron de un modo casi exponencial. Frente a ello, los regímenes
antiliberales no desarrollaron respuestas adecuadas, ni supieron hacer tampoco un uso efectivo de
las nuevas posibilidades
Crisis económicas: en un mundo en dónde casi siempre lo económico predomina sobre lo
político, es inevitable que las crisis económicas arrastren consigo — al menos hasta cierto punto
— a los regímenes políticos. El descontento generado en la población por los padecimientos que
causa la crisis económica encuentra en el estamento político un chivo emisario bastante apropiado
(y muchas veces merecido). De esta manera, en América Latina las crisis económicas impulsaron
cambios institucionales en los cuales el régimen de turno resultaba suplantado por su versión
opuesta del espectro político: después de la crisis de 1930 se debilitaron los regímenes
democráticos; después de la de 1982 cayeron en desgracia los antidemocráticos. El fenómeno es
observable también a escala mundial: la primer crisis petrolera de 1973/1974 arrastró consigo los
gobiernos de Portugal, Grecia, España, Filipinas, Brasil, Uruguay y Chile; la segunda crisis de
1979 también afectó a varios regímenes.
Deuda externa: La recesión de 1981 disparó, adicionalmente, el agravamiento de las deudas
externas. Cuando los EE.UU. decidieron implementar políticas antiinflacionarias e hicieron subir
las tasas de interés, los países endeudados quedaron prácticamente a merced de sus acreedores.
Esto significó el descrédito político en los gobiernos que habían contraído las deudas; provocó el
descontento generalizado de vastos sectores sociales, incluyendo a las clases medias; descolocó a
los políticos diletantes, civiles y militares, cuyos discursos se agotaban en frases hechas y
promesas demagógicas, sin proyectos políticos concretos y viables; y, finalmente, expuso en toda
su crudeza la magnitud de los problemas políticos de fondo para los cuales la izquierda utópica se
quedó sin respuestas convincentes. Esto generó una degradación del discurso político llevándolo
al terreno de lo material, lo inmediato y lo pedestre. En la Argentina basta con recordar cómo en
1983 Raul Alfonsín ganó una elección reiterando hasta el cansancio aquello de "con la
democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se vive" para darse cuenta de
hasta qué nivel de cuestiones elementales llegó a caer la discusión política.
Globalización: El efecto general que este proceso tuvo sobre los Estados ya ha sido indicado en
capítulos anteriores. Baste con señalar aquí que la soberanía política se convirtió en ahuyentadora
de inversiones. En un entorno internacional fuertemente endeudado y con capitales que podían
elegir libremente su destino, resultó obvio que los grandes inversores elegirían regímenes que no
tuvieran el estricto control del capital en sus agendas. Este requisito fue fuertemente apoyado — y
hasta exigido — por poderosas instituciones financieras tales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU.
El nuevo Imperio
Pero las fuerzas que impulsaron la oleada liberal no se agotaron en lo económico. Durante los últimos
30 o 40 años, toda una serie de tendencias estratégicas, geopolíticas e ideológicas ha estado apuntando
en forma sistemática hacia un universalismo progresivo, vagamente indicado por los neologismo
genéricos de "unmundismo" y "globalización". Durante la segunda mitad del Siglo XX todos los
mayores actores de la política internacional evolucionaron — bien que quizás con diferentes
motivaciones — hacia este objetivo. Tanto los Estados Unidos como Europa, la Unión Soviética y
hasta el Vaticano coincidieron en aceptar en principio alguna u otra forma de "globalización". Dentro
de este esquema, el sistema democrático resultó ser — por lejos — el más flexible, el más moldeable
y, en una palabra, el más viable a escala universal. Debido a que era — también por lejos — el mejor
financiado y el militarmente mejor equipado, el proceso desembocó por último en el nuevo
"imperium" de la democracia liberal como régimen político universal, requerido y exigido por la
voluntad hegemónica norteamericana.
Hay varias causas concurrentes que justifican esta interpretación:
"Occidentoxicación": Es innegable que la oleada democrática afectó primero y principalmente
a los países más cercanos a lo que en forma genérica se ha dado en llamar "Mundo Occidental".
La democratización ha tenido bastante menos éxito e intensidad en Asia, África y Medio Oriente
que en el resto del mundo en dónde — principalmente en los países islámicos — hay una
resistencia mucho mayor a dejar que se "intoxiquen" con prácticas occidentales ciertos valores de
una cultura tradicional de contenidos fuertemente diferentes. En estos países ha sido posible cierto
grado de occidentalización alrededor de productos de consumo masivo como Coca Cola,
McDonald's, el rock and roll y hasta la CNN. Pero la democracia liberal no figura en el Corán, ni
en los ritos tradicionales africanos, ni en la interpretación china del socialismo y su influencia es
percibida en muchos lugares más como una "occidentoxicación" que como una propuesta
aceptable y viable. El radio de influencia de los principios jurídicos y filosóficos de la democracia
liberal ha quedado, pues, bastante limitado al ámbito de influencia norteamericano y de sus socios
europeos lo cual indica que su centro de irradiación debe buscarse en esta zona.
Política exterior norteamericana: Efectivamente, EE.UU. mandó señales muy concretas de
que la política exterior norteamericana postguerra fría se orientaba a la democratización en forma
irreversible. En realidad, seamos sinceros: nunca hubo golpes de Estado de real envergadura en
América Latina que no contaran con el "placet" del Departamento de Estado y lo que la política
exterior norteamericana estaba diciendo ahora es que los días del apoyo a gobiernos no
democráticos, en aras de su anticomunismo, había pasado para siempre. El comunismo había
fenecido como enemigo y Washington se encargó de hacerlo saber de múltiples maneras: a través
de sus embajadas y anuncios oficiales; mediante la promoción de los intelectuales comprometidos
ideológicamente con la democracia y la economía de mercado; mediante la canalización de sus
programas de asistencia y ayuda exclusivamente a entidades alineadas con la nueva tendencia;
mediante ayuda técnica directa proveniente de la National Foundation for Democracy establecida
en 1984; por medio de financiaciones ofrecidas por el Center for Electoral Promotion and
Assistance el cual, operando desde Costa Rica, contribuyó por ejemplo a perfeccionar el registro
de votantes para las elecciones de 1988 en Chile; a través de comités enviados expresamente para
supervisar y controlar las elecciones en diferentes países como sucedió en Perú; mediante el envío
de consultores experimentados para diseñar, campañas políticas, como los tuvo más de un político
argentino; mediante presiones económicas, amenazas de retirar ayuda militar y hasta
intervenciones militares directas como, por ejemplo, las de Granada, Panamá y Haití
Derechos humanos: Los EE.UU. decidieron utilizar este instrumento en su arsenal de política
exterior ya bajo la administración de Jimmy Carter. En 1977, un año después de que Carter fue
elegido presidente, el Departamento de Estado comenzó a publicar la evaluación norteamericana
de la situación de los Derechos Humanos en los distintos países del mundo y a los funcionarios
del gobierno americano se les dio la instrucción de tomar dicho informe en cuenta a la hora de
definir las políticas de ayuda militar. Durante algún tiempo Ronald Reagan se apartó de esta
política pero se vio obligado a retomarla, en parte para darle un justificativo ideológico a sus
intervenciones en Centroamérica, pero fundamentalmente porque los factores de Poder en su
propio frente interno se lo demandaban impulsando un acuerdo entre Demócratas y Republicanos
en torno al uso de esta doctrina como política de Estado en materia de relaciones exteriores.
Consecuentemente, ni Bush (p), ni Clinton pudieron ya dejar de "alinearse" con lo que se les
exigía.
El colapso soviético: la desaparición de la URSS significó el ocaso de un importante punto de
referencia y soporte para la izquierda revolucionaria y, también, el desvanecimiento del
archienemigo tradicional de los EE.UU. Pero, además de eso, el proceso de democratización
implicó para el marxismo sobreviviente en América Latina la desaparición de su también clásico
archienemigo encarnado en los diferentes gobiernos militares. En muy poco tiempo, no solamente
los norteamericanos se quedaron sin enemigo; también sus otrora enemigos se quedaron sin sus
antagonistas locales más conspicuos. El modelo marxista cubano, reducido a sus propias fuerzas,
perdió credibilidad. Esto dejó a los partidos comunistas, marxistas, trotzquistas o socialistas
dogmáticos locales sin un proyecto estratégicamente viable y, como consecuencia de ello, liberó a
los EE.UU. de sus compromisos con gobiernos cuya misión principal había sido mantener bajo
control a un socialismo cuya presencia en el "back yard" (3) norteamericano no entraba dentro de
la estrategia prevista para el continente. Consecuentemente, los EE.UU. optaron por promover
gobiernos democráticos, ideológicamente más afines y económicamente más comprometidos con
el proyecto globalizador.
Todos estos factores en conjunto, apoyándose entre si y complementados por otros de menor peso, han
terminado constituyendo el mosaico de las democracias actuales. En último análisis, queda bastante
claro que la actual democracia no es sino un régimen de gobierno exigido por el Imperio
Norteamericano para garantizar la gobernabilidad y el control de su área de influencia.
Causas ideológicas
Pero los factores económicos e imperiales no agotan las causas de la rápida expansión de la
democracia como régimen uniforme para Occidente. Como cabe esperar en todo proceso político,
también en éste se puede detectar un importante andamiaje filosófico, doctrinario e ideológico ya que,
como indicaba Gramsci, la revolución cultural generalmente precede a la revolución política.
Liberalismo Los ejemplos de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña
:
ejercieron una poderosa influencia sobre América Latina; especialmente después de la Guerra de
Malvinas de 1982 en dónde quedó meridianamente claro que el Imperio no toleraría ninguna
desviación importante de las pautas fijadas para sus integrantes menores. Paralelamente a esa
demostración de fuerza, todos los medios de difusión occidentales fueron instrumentales para una
gran ofensiva intelectual orientada a difundir la doctrina neoliberal apoyada en su mayor parte
sobre los dos grandes pilares de democracia y economía de mercado. La derecha burguesa
latinoamericana, liberada del fantasma del comunismo, aceptó rápidamente la idea. La izquierda
partidocrática, desprovista de otras alternativas viables, la aceptó también. Ya sea porque
Malvinas había demostrado que toda resistencia sería inútil; ya sea porque se vio que se podía
aprovechar la oportunidad para deshacerse de las Fuerzas Armadas como factor de Poder; ya sea
porque se creía sinceramente en los postulados del liberalismo clásico; el hecho es que apareció de
pronto todo un conjunto de políticos latinoamericanos dispuestos a aceptar las nuevas reglas de
juego: León Febres Cordero en Ecuador; Fernando Collor de Melo en Brasil; Alfredo Cristiani en
El Salvador; Mario Vargas Llosa en el Perú; Raúl Alfonsin y Carlos Menem en la Argentina; para
citar sólo a algunos. Por supuesto, pueden observarse matices y hasta evoluciones políticas que no
dejan de ser curiosas. En la Argentina, por ejemplo, Raul Alfonsin — viniendo de un partido de
fuerte composición de clase media — se inclinó más hacia una versión socialdemócrata del
liberalismo mientras que Carlos Menem — perteneciente a un partido de fuertes raíces proletarias
— terminó optando por la economía de mercado y la privatización del Estado. Pero, ya sea que se
tratase del liberalismo político clásico enfocado en la democracia, o del neoliberalismo económico
enfocado en los mercados internacionales, el hecho concreto es que todo el espectro político
quedó determinado y delimitado por los postulados liberales adoptados en las centrales del Poder
internacional y difundidos luego como la doctrina oficial del Imperio.
Universalización jurídica: La imposición de la doctrina de los Derechos Humanos como
patrón para medir la conducta de los Estados ha significado, en realidad, la posibilidad de hacer
judiciable ante instancias transnacionales las decisiones políticas de un Estadonación. Se ha
conseguido así instrumentar la intención manifiesta de impedir que actos considerados
inaceptables por la ideología vigente puedan ampararse en el principio de la soberanía nacional.
Los gobiernos no alineados con el liberalismo imperial han quedado bajo el escrutinio, bajo la
acusación y hasta bajo la posibilidad de ser investigados y castigados por parte de organismos
internacionales. Esta tendencia, haciendo palanca en valores éticos y morales que ciertamente
cuentan con un gran consenso universal (4), ha desviado, sin embargo, la cuestión al terreno
estrictamente político en dónde lo que realmente está en juego no es tanto la humanidad o
inhumanidad de un régimen sino su grado de adecuación a una serie de postulados que, bien
mirados, son mucho más políticos y económicos que morales. Sujetar compulsivamente la
administración de la Justicia a una serie de procedimientos que tienen mucho que ver con el
individualismo liberal y con la clásica división de Poderes propuesta por el modelo de
Montesquieu, pero que tienen bastante escasa relación con la verdadera calidad de la justicia
suministrada, no es más que utilizar argumentos éticos válidos para lograr objetivos políticos que
siempre son, como mínimo, opinables. De hecho, en muchos países, la terca y a veces hasta
obcecada adhesión a doctrinas cerradamente individualistas — que conciben al individuo como
más importante que la sociedad y elevan, así, a la parte por encima del todo — ha llevado a un
"garantismo" jurídico que protege más a los delincuentes que a las personas honradas.
Paralelamente, en el plano internacional, la imposición de estos criterios políticos ha permitido al
Poder imperial central juzgar los actos de gobierno de las periferias y mantener las estructuras
judiciales dentro de un margen de parámetros preestablecidos. Es sorprendente constatar como
muy pocos parecen haberse dado cuenta todavía de que el hiperindividualismo judicial exagera la
importancia no sólo de las personas físicas sino, también, la de las personas jurídicas; es decir: las
empresas.
Religión: forzando muy poco los argumentos se podría construir bastante fácilmente una
batería de argumentos para sustentar la tesis de que la democracia actual no es, en realidad, sino
un artículo de exportación del Occidente cristiano. De hecho, el proceso de liberalización dentro
de la Iglesia Católica ha sido marcado y visible — al menos desde el Concilio Vaticano II de
1963/1965 — el cual, durante al menos un tiempo, produjo hasta un marcado desplazamiento
hacia la izquierda de gran parte del clero latinoamericano, sobre todo después del Segundo
Congreso de Obispos Latinoamericanos en Medellín que tuvo lugar tres años más tarde, en 1968.
Por otra parte, está históricamente demostrado el compromiso ideológico del protestantismo en
general con el individualismo, el capitalismo y el liberalismo. Sería, con todo, exagerado sostener
una filiación demasiado estrecha y directa entre cristianismo y democracia liberal. Pero, muchas
veces en política lo que interesa no es tanto lo que objetivamente revela el análisis sino la
interpretación que las personas de carne y hueso hacen — correcta o incorrectamente — de lo que
perciben. Desde la óptica del mundo islámico, desde la visión del animismo africano, desde una
postura budista o brahmánica, la conclusión ha sido muchas veces muy diferente. Lo cual suscita
la cuestión, que bien valdría la pena investigar a fondo, de hasta qué punto la actual
ecumenización política ha sido tan rápida, entre otras cosas también porque se condice bastante
bien con una vocación igualmente ecuménica de las Iglesias cristianas.
La ponderación conjunta de los factores señalados debería bastar para probar la tesis de que no es
posible considerar a la generalización de la democracia como un fenómeno concurrente que se ha
producido de manera espontánea en los diferentes países afectados. Que la democracia ha sido, de
pronto, aceptada en todo el mundo por ser "un mal sistema pero el menos malo de todos los sistemas"
es básicamente sólo retórica. Los datos demuestran que no es el producto de una convergencia de la
voluntad soberana de los pueblos. En último análisis este sistema de gobierno se sostiene en la
actualidad fundamentalmente por dos razones: (A) porque es exigido como norma de aceptación por
parte del Poder hegemónico imperante y (B) porque este mismo Poder desacredita, en forma
sistemática y con un poderoso arsenal de medios, cualquier otra orientación política, en cualquier otra
parte del mundo, produciendo así — por la falta de una respuesta con propuestas prácticamente
viables — una claudicación intelectual que lleva a las personas a aceptarlo como inevitable. En otras
palabras: no es que sea el menos malo de todos los sistemas; es — dado el tremendo Poder que lo
avala e impone — el único sistema prácticamente posible para la enorme mayoría de los políticos.
La plutocracia detrás de la democracia
Para completar el análisis es preciso responder a la pregunta de por qué hay tanto Poder en el mundo
promoviendo la imposición de un determinado régimen de gobierno. Poniendo la cuestión en otras
palabras: ¿qué relación hay realmente entre los fenómenos de la globalización, las privatizaciones y la
democracia? ¿Qué denominador común, explica a la democracia liberal como una herramienta
política de la globalización? La respuesta que se desprende de los datos concretos disponibles es tan
simple como directa: el dinero.
La democracia liberal es un sistema muy caro. En 1996, la Comisión Electoral de Australia calculó
que las elecciones federales le habían costado 4,75 dólares australianos a cada uno de los 11.655.190
votantes lo cual, con una multiplicación muy simple, nos arroja una cifra superior a los 55 millones.
En entornos reducidos la proporción por habitante parece ser aún más onerosa: en las elecciones de
Dominica del año anterior, la elección en la que intervinieron 37.187 votantes costó cerca de U$S
376.000; o sea: un promedio general de aproximadamente U$S 10,11 por votante (5). En general,
costos directos de entre 4 a 10 dólares por votante, pueden considerarse normales en cualquier
régimen democrático. Para la Argentina, con un padrón electoral de aproximadamente 20 millones de
personas y estimando solamente $7 por votante, se llega con facilidad a los 140 millones por elección.
Quien tiene ese dinero, participa; quien no lo tiene, queda afuera del sistema.
El hecho es que los propios partidarios del régimen reconocen abiertamente su dependencia del
dinero y el hecho ya ha suscitado varios y enconados debates acerca de la mejor forma de dominar
esta situación. Varios países están buscando implementar alguna ley de financiación política que
permita, de algún modo, regular los importantes flujos de fondos que van de las grandes
corporaciones a las arcas de los partidos políticos (6).En el imaginario popular, muchas veces las
falencias del régimen se atribuyen solamente a los países recientemente democratizados. Se cree
popularmente que los escandaletes y las corruptelas del ámbito político son poropios de los países
atrasados y, ante las constantes crisis del sistema en el ámbito local, un sinnúmero de personas se
pregunta: ¿pero, por qué el sistema funciona en los Estados Unidos? La pura verdad es que el sistema
político no funciona ni siquiera en los Estados Unidos y ya sería hora de terminar con ese mito.
En la propia cuna del Imperio — desde hace ya varios años — se vienen escuchando voces cada vez
más insistentes denunciando el carácter plutocrático de la democracia liberal. Por ejemplo, Marty
Jezer, quien en los EE.UU. es miembro fundador del Working Group on Electoral Democracy y que
ha estado promoviendo enérgicamente una intensa campaña al respecto, lo dice con todas las letras:
"El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político. El dinero determina qué
candidatos estarán en condiciones de impulsar campañas efectivas e influencia cuales candidatos
ganarán los puestos electivos. El dinero también determina los parámetros del debate público: qué
cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación.
El dinero permite que ricos y poderosos grupos de interés influencien las elecciones y dominen el
proceso legislativo." (7)
En la financiación de la partidocracia de los EE.UU. hay una distinción relativamente importante en
cuanto al tipo de dinero utilizado. En la jerga política norteamericana se habla de "hard money"
(dinero duro) y de "soft money" (dinero blando). Por dinero "duro" se entienden los fondos
provenientes de contribuciones reguladas por la Ley Federal de Campañas Electorales (Federal
Election Campaign Act) que establece límites a las contribuciones que pueden hacer los individuos,
los partidos políticos y los Comités de Acción Política (Political Action Comitees o PACs), que son
organizaciones formadas específicamente para recaudar fondos destinados a las campañas. Las
corporaciones y los sindicatos no pueden hacer contribuciones directas a los candidatos pero pueden
constituir Comités que recaudan contribuciones de sus empleados o asociados. Si bien lo que un
Comité de Acción Política puede darle a un candidato de un modo directo está limitado a U$S 5.000
por elección, estos Comités pueden gastar una cantidad ilimitada de dinero en aportes que no van
directamente al candidato pero se invierten en campañas que abogan en pro — o en contra — de
determinados candidatos.
Por otro lado, el "dinero blando" proviene de contribuciones que no están reguladas por la
mencionada ley. No hay límite para las contribuciones que cualquier institución puede hacer al Comité
Nacional de un partido político. Si bien, teóricamente, este dinero no puede ser empleado para inducir
a la ciudadanía a votar en favor de — o en contra de — determinado candidato, los partidos políticos
eluden de un modo muy sencillo esta restricción con promociones publicitarias que evitan
cuidadosamente palabras tales como "vote a..." o "no vote por...".
Finalmente, hay una categoría adicional de dinero político masivo que es aportado por instituciones
tales como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, o la AFLCIO, y que se gasta en publicidad
específica sobre temas puntuales. Se incurre en la ficción de suponer que estas campañas no
promueven directamente una determinada candidatura pero es obvio que cualquier político, con tan
sólo posicionar su discurso en línea con el tema publicitado, se beneficia directamente de la
promoción.
En general, se sostiene que el "dinero duro" es el dinero "bueno" mientras que el "blando" es el dinero
"malo" pero esta distinción es poco menos que bizantina. Lo único cierto es que los aportes en dinero
"duro" superan ampliamente a los efectuados en dinero "blando". En la campaña electoral de 1996, el
83.20% de los fondos de campaña se constituyó con dinero "duro" mientras que en la del 2000 la
proporción se mantuvo casi en el mimo nivel con un 81.20% (8). Además, las mojigaterías juridicistas,
que pretenden calificar los aportes en "buenos" y en "malos" según su categorización legal, pierden
todo sustento posible cuando se comprueba que ambas clases de dinero provienen, en realidad, de las
mismas fuentes.
El punto crítico es que las elecciones norteamericanas son progresivamente más caras. Mientras el
ciclo electoral de 1996 le costó a los políticos norteamericanos entre 1.500 a 2.200 millones de
dólares, se estima que el ciclo del 2000 insumió unos 3.000 millones por todo concepto. Hacia fines
de Junio del 2000, entre los candidatos presidenciales, los del senado, los de la cámara baja y los
comités partidarios nacionales ya se habían recolectado más de U$S 1.600 millones, es decir: unos
400 millones más de los que, para la misma época del calendario electoral, se habían acumulado en
1966.
Para la fecha arriba mencionada, el Senado norteamericano ya disponía de unos 366,6 millones de
dólares. Los candidatos al Senado de los EE.UU. habían juntado U$S 259.7 millones; el Comité
Senatorial Republicano y el Comité Senatorial Demócrata habían conseguido unos U$S 55.5 millones
adicionales y a todo ello hay que agregar los U$S 51.4 millones aportados en dinero "blando" por los
comités partidarios del Senado. La Cámara Baja, a su vez, disponía de más dinero aún: 393 millones
de dólares recaudados por los propios candidatos, 80.5 millones provenientes de los Comités de
Campaña del Congreso y 62.9 millones de dinero "blando" de los comités partidarios; es decir: 536.4
millones en total.
La gran pregunta es: ¿de dónde sale todo este dinero?
El sistema plutocrático norteamericano
Para entender cómo funciona la plutocracia norteamericana hay que prestar atención a un dato que
aparece en forma consistente y reiterada en todos los análisis: el número de norteamericanos que
espontáneamente contribuye al financiamiento de las campañas es muy reducido. Una investigación
realizada a propósito de las elecciones legislativas de 1992 arrojó como resultado que menos del 1%
de la población provee el 77% del dinero que usan los candidatos. En 1994, solamente el 20% del
dinero recaudado por los candidatos al Congreso norteamericano provino de personas que,
individualmente, aportaron menos de U$S 200 cada uno. Durante el ciclo electoral del 2000 tanto
George Bush (h) como Al Gore recibieron la mayoría sustancial de los aportes individuales de
personas cuyos ingresos superaban los U$S 100.000 anuales. Los datos disponibles revelan que el
80% de los donantes que aportaron U$S 200, o más, tenía ese nivel de ingresos (9). Sólo el 5% tenía
ingresos anuales de U$S 50.000 o menos. Nueve de cada diez eran blancos . Para tener un parámetro
de referencia, debe saberse que en los EE.UU. sólo el 12% de las familias tiene un ingreso igual o
mayor de U$S 100.000 al año, mientras que un 60% percibe U$S 50,000 o menos, siendo que las
personas de color representan el 29% de la población (10) .
El grueso de la financiación política norteamericana proviene de las grandes "donaciones" y de los
Comités de Acción Política. Si se analiza la procedencia del dinero invertido en campañas electorales
por los 535 diputados y senadores norteamericanos, se llega a la conclusión de que un 37% proviene
de grandes donaciones; otro 32% es aportado por los citados comités, un 20% proviene de pequeños
aportes, un 5% es dinero invertido por los propios candidatos y el 6% restante es indeterminable. Si se
suman los porcentajes, queda claro que entre grandes donantes, dinero recolectado por los comités y
dinero invertido por los mismos candidatos, se llega al 74% del costo de una campaña — con lo que el
aporte del pequeño ciudadano no llega a ser determinante de ningún modo.
Esta conclusión se confirma, además, analizando la procedencia geográfica del dinero. En las
campañas de 1994, alrededor del 50% de las contribuciones aportadas por los Comités de Acción
Política provino de Washington DC dónde los lobbies y las cámaras de comercio tienen sus oficinas.
El dinero que normalmente se recauda en esta zona representa unas diez veces la cantidad que se
colecta en las 19 principales ciudades norteamericanas, incluyendo Nueva York, Chicago, Atlanta y
Los Ángeles.
Si se analiza la composición y las relaciones de los comités, también se confirma — una vez más —
la importancia determinante de los aportes corporativos. En 1994 los Comités de Acción Política
asociados o cercanos al sindicalismo norteamericano aportaron unos U$S 42,4 millones mientras que
los comités asociados o cercanos a las grandes empresas contribuyeron con U$S 130,2 millones; es
decir: más del triple de dicha cantidad. Todos los demás comités, relacionados con grupos de interés
sobre cuestiones puntuales y con la totalidad del espectro ideológico sólo llegaron a recolectar U$S
16,3 millones. En otras palabras: las grandes empresas aportan a la política norteamericana
prácticamente más del doble de dinero que todos los demás juntos. En la elección del 2000, el 68%
del dinero proveniente de los Comités de Acción política respondió a empresas comerciales; el 21%
provino de fuentes sindicales y sólo el 11% de grupos ideológicos y otras fuentes.
Hay, además, otra particularidad interesante en el sistema norteamericano: varios candidatos arriesgan
su propio dinero en la financiación de su campaña. Cerca del 12% del total de dinero "duro" invertido
durante los primeros 18 meses de la campaña del 2000 provino de esta fuente. Quizás el caso más
notorio sea el del demócrata Jon Corzine — ex empleado de la financiera Goldman Sachs — que
apostó nada menos que 42.4 millones de dólares a su propia candidatura a senador por el estado de
New Jersey. Realmente, no hay que ser muy suspicaz para suponer que nadie pondría más de 40
millones de dólares de su propio bolsillo en una candidatura por puro fervor patriótico y sin esperar
nada a cambio. Un aporte de esa magnitud no es un aporte desinteresado a la política; es una
inversión.
Y lo es también, no menos obviamente, para las grandes empresas. Es notorio como aquellas que
tienen intereses especiales en determinadas cuestiones legislativas aportaron gruesas sumas de dinero
en la campaña. La siguiente tabla refleja los aportes — declarados — de seis grandes ramas de la
industria norteamericana, según los datos oficiales de Comisión Federal Electoral (Federal Election
Commission) norteamericana, al 1 de Octubre del 2000. (11)
Automotriz Electrónica Petroleras Laboratorios Financiera TV y
s Medios
Contribucion
es 5.499.495 9.959.552 6.903.799 3.272.538 30.199.757 10.285.511
Individuales
Comités de
Acción 3.622.650 1.553.957 4.740.887 3.799.990 4.099.314 2.561.687
Política
Dinero
2.991.732 12.417.372 11.205.140 10.303.283 23.483.360 12.055.901
"blando"
TOTAL 12.113.877 23.930.881 22.849.826 17.375.811 57.782.431 24.903.099
Aportado a
los 17% 51% 20% 32% 40% 60%
demócratas
Aportado a
82% 58% 79% 68% 59% 40%
republicanos
Dinero y chances de éxito
Todos estos datos permiten afirmar con bastante fundamento que los puestos políticos de la
democracia neoliberal no son sino cargos formales que, en última instancia, deben responder y rendir
cuentas al poder real del dinero que paga los gastos del acceso al Estado y a la política.
Por supuesto, no es posible caer en la reducción infantil de creer que el dinero de las centrales de
Poder financieras, industriales y comerciales directamente puede "comprar" los votos de una elección
(12). Pero hay una relación directa entre dinero invertido y chances de éxito, ya que en una apabullante
mayoría de casos es posible constatar que los ganadores de una elección han invertido más dinero en
su campaña que los perdedores.
Ya en 1994, en las cuestiones controvertidas de la cámara baja norteamericana, los ganadores habían
gastado U$S 516.000 en promoción y publicidad frente a U$S 238.000 de los perdedores. No es
ningún milagro, pues, que las tan universalmente utilizadas encuestas hayan reflejado luego más el
resultado de esta presión publicitaria que la verdadera opinión independiente de las personas.
Pero, probablemente, el caso más interesante de esta relación casi directa entre dinero recaudado y
chances de éxito lo constituyan las elecciones presidenciales del 2000. Esta elección es interesante
precisamente porque casi salió mal. La lógica del sistema plutocrático establece que debe ganar quien
más dinero maneja. Y, en este sentido, el empate técnico entre Bush y Gore seguramente no entró en
los cálculos del establishment norteamericano. Es muy difícil, a esta temprana altura del desarrollo
histórico, hacer un análisis serio y exhaustivo de lo que sucedió en realidad. En una primera
aproximación, quizás una conclusión posible podría ser que el sistema no está preparado para la
indiferencia y no sabe muy bien como manejar el desinterés de amplias capas de la población. En una
sociedad como la norteamericana del 2000, con una situación económica razonablemente holgada en
términos estadísticos y con un discurso político insulso, aburrido y reiterativo, es muy posible que ya
no se puedan captar votos y voluntades con dinero publicitario, por más sumas que se inyecten en la
campaña. Otra explicación, acaso complementaria y concurrente, podría ser también que — como lo
demuestra el caso soviético — el adoctrinamiento masivo a través de los medios de difusión y de
educación tiene serios límites en el largo plazo. Es muy posible que la tesis básica de George Orwell
contenga, en el fondo, graves errores de concepto desde el momento en que — por un proceso
psicológico elemental — la saturación produce insensibilidad y no siempre lo implantado en el
subconciente actúa con el automatismo esperado. Esto último ha quedado demostrado aun para las
técnicas de "lavado de cerebro" practicadas en forma individual, según la experiencia de los
prisioneros de guerra norteamericanos en la Guerra de Corea. (13) Sea como fuere, lo concreto es que
en las elecciones del 2000 los norteamericanos votaron más por hábito, interés, adhesión personal o
simpatías irracionales que por las presiones de la maquinaria electoral. El resultado fue un empate
técnico, que nadie esperaba, y que se contradice con las reglas y previsiones del sistema que le
garantizan la victoria al mejor financiado.
El hecho es que, según estas reglas y previsiones, Bush tenía que ganar. Y tenía que hacerlo por la
sencillísima razón de que los republicanos comprometieron mucho más dinero en su campaña que los
demócratas. Tanto Gore como Bush recaudadon enormes sumas de dinero ya desde antes del
comienzo de las elecciones primarias. Ambos reclutaron voluntarios (Bush los llamó "pioneros") con
la misión de conseguir por lo menos U$S 100.000 cada uno. Pero ya en esas primarias, con U$S 98
millones aportados por donaciones individuales y U$S 2.2 millones provenientes de Comités de
Acción Política, Bush aventajaba a Gore en una relación de más de 2 a 1.
La tabla de los aportes al 1° de Octubre del 2000, expuesta más arriba, aun cuando refleja solamente
un aspecto parcial del total real, revela bastante bien las ventajas financieras de Bush sobre Gore. Si se
promedian los porcentajes, se observará que el 64% del dinero corporativo fue a las arcas de Bush y
sólo el 36% restante a las de Gore. Con la sola excepción de la TV y los medios masivos de difusión,
que apoyaron más a Gore, tanto las empresas de la industria automotriz, como las electrónicas, las
petroleras, los laboratorios y hasta las financieras apostaron su dinero a la candidatura de Bush y los
republicanos. Con un apoyo así, Bush sencillamente no pod
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